Un contrato millonario adjudicado en forma directa por la gestión Macri-Michetti. Un contrato millonario adjudicado en forma directa por la gestión Macri-Michetti, un anunciado equilibrio entre faltas leves y graves que es falso y una modificación que, salvo aclaración que hasta ahora no dio el gobierno, sólo se explica en la organización de un “retorno”.
Adjudicación directa.
El contrato de las fotomultas se venció en el mes de junio del 2006.
No sólo estaba vencido sino que la Procuración General de la Ciudad, mediante dictamen 61.553/08 de fecha 6 de diciembre del 2007 ordenó iniciar el procedimiento establecido en el pliego de condiciones generales para el caso de extinción del contrato. Como si esto no alcanzara, el propio gobierno de Macri dejó de lado a poco de asumir la continuidad de hecho que tenía el servicio y por tal motivo desde mediados de enero se dejaron de recibir multas fotográficas.
El gobierno inició entonces el trámite reclamado por la Procuración ante la extinción del contrato, lo que expresamente se consignó en el decreto 453/08.
Sin embargo, el mismo gobierno de Macri decidió llamar a las mismas empresas y armar un nuevo contrato, sólo que 70% más caro que el anterior.
Esto, frente a un contrato vencido y terminado, se llama adjudicación directa. Con el agravante de que, sin norma que lo sustente, lo encarecieron a casi el doble (antes cada fotomulta costaba $6,85. y ahora pasa a costar $ 11,65).
El contrato es ahora de un monto aproximado de 50 millones de pesos (se estableció hasta diciembre del año 2009, con posibilidad de ser prorrogado).
El gobierno dio un fundamento: que se trata de un servicio público según la ley 210 y por lo tanto “obliga a la Administración a adoptar las medidas conducentes a la continuidad de la prestación del mismo”.
El argumento utilizado es sencillamente un disparate. La enunciación del artículo 2 de la ley 210 sólo establece que los servicios públicos allí enumerados serán controlados por el Ente Regulador. De ninguna manera obliga a que se lleven a cabo, como dice Macri. Por ejemplo entre los servicios públicos allí enumerados está el peaje y es una decisión política establecer o no peajes. Resulta obvio que su inclusión allí no obliga a mantenerlos ni mucho menos.
Algunos motivos para “revivir” el contrato.
¿Por qué motivos Macri volvió a retomar en forma directa un servicio en el que ni él mismo cree y que ya estaba vencido y terminado?
Porque en lugar de pagar la deuda de varios millones de pesos que reclaman las empresas por deudas durante la gestión Telerman, en lugar de que el Ministro de Hacienda Grindetti saque dinero de la caja para pagar lo que el gobierno debe, hace que la deuda la paguen directamente de sus bolsillos los vecinos que estacionan mal en los barrios.
Esto es así porque el sistema se financia (y también asegura las ganancias empresariales) con 150.000 infracciones al mes. Como las que son más fáciles de relevar son los estacionamientos prohibidos, el sistema de fotomultas se basa en la cantidad de infracciones por mal estacionamiento que puedan detectar los autos con cámaras fotográficas que circulan por los barrios de la ciudad. Las faltas graves vendrían a ser una suerte de “bonus track” en el sistema de fotomultas.
(Si bien cuando hay una renegociación de contrato la cancelación de cualquier reclamo anterior suele ser una fórmula corriente, lo cierto es, como ya se dijo, que aquí no estamos frente a una renegociación de un contrato vigente sino frente a uno totalmente nuevo.)
En definitiva, una adjudicación directa reflotando un contrato vencido hace dos años y encarecido en un 70% para que los vecinos que estacionan mal paguen de su bolsillo la deuda que hoy tiene el gobierno de la ciudad con dos empresas (cláusula 13ª del Acta Acuerdo por las fotomultas).
O sea que al momento de pagar una multa por mal estacionamiento recuerde que usted en realidad está pagando una deuda que debiera estar pagando el gobierno de Macri.
Aunque no es lo único que usted va a ayudar a pagar cuando abone una multa, como veremos más adelante.
La mentira del equilibrio entre las faltas leves y las graves.
Para intentar justificar el nuevo contrato el gobierno salió en masa a decir que ahora ponen énfasis en las infracciones más graves. Como antes el problema era que la mayoría de las infracciones que relevaban eran leves (por mal estacionamiento) ahora sólo podrán hacer un 50 % de ese tipo de infracciones.
Al principio todos caímos en el engaño. Pensamos que del total de las infracciones que relevaran las empresas el 50% iban a ser leves y el otro 50% iba a ser de faltas graves. En realidad, eso es lo que dijeron a los cuatro vientos Macri y sus funcionarios y parecía una buena intención.
Sin embargo, si uno lee detenidamente el decreto firmado por el Jefe de Gobierno y el acta-acuerdo firmada por el ex juez Montenegro advertirá que dicen otra cosa muy pero muy distinta.
Dijimos antes que el “número mágico” para asegurar las ganancias de las empresas era de 150.000 infracciones al mes (75.000 cada una) que se buscan en los malos estacionamientos barriales porque, como se dijo, son las más fáciles de detectar y relevar.
Originariamente, desde inicios del año 2000, la cantidad de infracciones permitidas era de 200.000 al mes, por lo que el problema era la gran mayoría eran por faltas leves (al menos el 75%) porque así llegaban al número mágico de 150.000 que les aseguraba el rédito económico.
Ahora Macri dice que sólo el 50% del total de infracciones permitidas podrá ser para faltas leves. Parecería que, de esa manera, asesta un golpe a las ganancias empresariales.
Como era de suponer, no es así.
Como ahora el tope de infracciones que permite Macri es de 300.000 (no de 200.000 como era el contrato originario), en realidad está autorizando a hacer las 150.000 infracciones leves que necesitan las empresas para asegurarse las ganancias (cláusula 5ª del Acta Acuerdo).
Una pantalla para que sigan haciendo lo que las empresas quieren.
Con un agravante.
No es cierto que Macri obliga a las empresas a que las faltas leves y graves estén repartidas en mitades como él dijo públicamente y como sostuvieron todos sus funcionarios (incluso el ex juez Montenegro).
No escribieron en el decreto ni en el acta-acuerdo que del total de las infracciones realizadas por las empresas el 50% debían ser por faltas leves y el otro 50% por faltas graves (una redacción muy sencilla incluso para quien no es abogado). De esa forma habrían garantizado el equilibrio que pregonaron a los cuatro vientos.
Escribieron otra cosa.
Firmaron, como se dijo, que las empresas sólo podían hacer por faltas leves el 50% de las infracciones permitidas (o sea 150.000 sobre el tope de 300.000) y que respecto de las faltas graves debían destinar el 50% de los recursos en forma prioritaria para detectarlas (cláusula 5ª del Acta Acuerdo). Dicho de otra manera, Macri les aseguró a las empresas lo que querían respecto de las faltas leves y sólo les pidió que pongan un esfuerzo en detectar graves.
Exigir para las faltas leves el 50% del tope permitido (que es lo que firmaron) es bien distinto a exigirle a las empresas que el 50% de las infracciones realizadas deban ser por faltas leves (que es lo que no firmaron).
Como se ve, escribieron algo bien distinto a lo que anunciaron.
La inflación alcanzó al “diego”: ahora vale veinte.
Desde el comienzo del contrato de fotomultas, en los inicios del año 2000, siempre la distribución de las actas fue de un 50% para cada uno de los dos grupos empresarios (uno encabezado por Meller y el otro por Siemens). Esa distribución nunca se modificó ni tampoco fue cuestionada en ningún gobierno.
Al encarecimiento del contrato (70%) ahora el macrismo sumó una novedad.
Introdujo una modificación aceptada silenciosamente por los dos grupos empresarios. En el punto quinto del acta acuerdo aparece una novedosa distribución del total de las multas. Un 60% para la empresa Meller y un 40% para la empresa Siemens.
¿Por qué motivo Siemens acepta calladamente perder un 20% de su contrato a favor del grupo Meller luego de casi diez años de ejecución del contrato por partes equilibradas?
¿Por qué el grupo Siemens acepta perder casi trescientos mil pesos mensuales?
Esto se le preguntó al Jefe de Gabinete cuando concurrió a la Legislatura y nada dijo. Se comprometió a hacerlo en cinco días.
Sin embargo, las sospechas crecen.
El argumento que escribió el ministro Montenegro (puesto en ese cargo por Michetti) en el acta acuerdo dice que es por la diferencia del parque automotor en cada una de las zonas. O sea que luego de casi diez años de ejecución equilibrada en estos meses parece que cambió rotundamente el flujo de circulación por las zonas asignadas a los grupos empresarios.
Obviamente no hay estudio técnico que lo avale ni reclamo previo que lo explique. Nada de nada.
No hay nada porque ese argumento es absolutamente falso. No es la verdad. Es otra pantalla, como la del supuesto “equilibrio” entre las faltas graves y las leves.
Sólo que esta pantalla podría estar encubriendo el “retorno”.
Parece ahora que la inflación alcanzó también al “diego” que ahora se cotiza en 20%, lo que explicaría la diferencia que hay ahora entre Meller y Siemens.
Son públicos e internacionales los escándalos de corrupción en los que se vio envuelta la firma alemana Siemens. Por esos escándalos tuvieron que renunciar y alejarse los más altos funcionarios de la empresa.
Ahora Siemens implementó un nuevo y estricto marco de políticas anticorrupción y está siendo monitoreada mediante auditorías permanentes a nivel internacional y también en la Argentina para evitar que se vea involucrada en el pago de comisiones ilegales.
Tan es así que el actual Ceo de Siemens, Peter Loscher dijo recientemente que: “Siemens adoptó la política de abandonar todos los negocios donde se soliciten cosas reñidas con las normas de la empresa”.
No es la misma situación que tiene Meller, obviamente. Los controles y auditorías que tiene Siemens no los tiene Meller, por lo que manejar una irregularidad contable les resulta bastante más fácil para Meller que para Siemens.
El Jefe de Gabinete Rodríguez Larreta nada pudo responder frente a la pregunta de por qué ahora se había establecido esa diferencia de un 20% entre ambas empresas a favor de la firma Meller.
Tampoco el Ministro y ex juez Montenegro pudo dar hasta ahora una explicación. La falta de respuesta del gobierno fortalece la sospecha.
Demasiadas cosas juntas en un contrato. Adjudicación directa, justificaciones mentirosas, deudas trasladadas a los vecinos y parece que alguien que quiere llevarse un retorno.
Un poco mucho, ¿no?
Aníbal Ibarra.
[Fuente: anibalibarra.org.ar]
